Seguridad intervino tras una denuncia pública y apartó a cinco policías en Ulapes

El Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, junto con la Policía de la Provincia, informaron que se dispuso de manera inmediata una serie de medidas administrativas e institucionales en relación con una denuncia pública sobre un presunto mal accionar policial durante un procedimiento realizado en la localidad de Ulapes, en el marco de la investigación de un hecho de robo denunciado por un vecino de esa localidad el pasado 15 del corriente mes.

Como parte de las actuaciones, también se radicó una denuncia ante la Quinta Circunscripción Judicial por la presunta vulneración de derechos y garantías constitucionales de personas que se encontraban residiendo circunstancialmente en la zona y que, al momento del procedimiento, eran las principales sospechosas del hecho investigado.

Los hechos

La denuncia se originó tras un procedimiento policial en una zona rural, donde se investigaba un hecho de robo de documentación y dinero en efectivo. Tras un seguimiento de huellas, personal policial logró la detención de dos hombres oriundos de Mendoza. Fue en ese contexto de aprehensión donde los sujetos denunciaron haber sufrido agresiones físicas y apremios ilegales por parte de los uniformados actuantes.

Desde el Ministerio explicaron que las detenciones se realizaron bajo las facultades preventivas que otorga el Código de Faltas ante la sospecha de un ilícito en curso, pero aclararon que esto no exime a los efectivos de cumplir estrictamente con los protocolos constitucionales.

Ante la gravedad de las acusaciones, el Ministerio tomó medidas inmediatas:

• Apartar de sus funciones a los titulares de la dependencia policial interviniente y designar nuevas autoridades, que ya se encuentran en funciones.

• Disponer el apartamiento preventivo de cinco efectivos policiales que habrían tenido participación en los hechos que actualmente son materia de investigación.

• Ordenar la inmediata intervención de un equipo de la Dirección General de Asuntos Internos, con el objetivo de determinar las posibles responsabilidades administrativas y disciplinarias de los funcionarios policiales involucrados.

En este sentido, El Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y la Policía de la Provincia reafirmaron su compromiso con la transparencia institucional, el respeto irrestricto a la Constitución Nacional y Provincial, las leyes vigentes y los derechos fundamentales de todas las personas.

“La confianza de la ciudadanía constituye uno de los pilares fundamentales de toda institución. Por ello, continuaremos trabajando con responsabilidad, profesionalismo y absoluto apego a la legalidad, garantizando que toda actuación sea investigada con la seriedad y la objetividad que corresponde”, indicaron a través de un comunicado.

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